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Un museo revisará sus acuerdos de patrocinio tras una polémica exposición

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El Museo del Puerto, en Santander, anunció ayer que revisará sus acuerdos de patrocinio después de que una exposición sobre publicidad provocara críticas por la intervención de su principal financiador. La dirección mantendrá abierta la muestra, pero publicará las condiciones del contrato y organizará un debate con especialistas y visitantes. La controversia comenzó el lunes, cuando la historiadora Sara Molina señaló que el catálogo omitía cualquier referencia a las campañas de la empresa patrocinadora. La exposición analiza cómo las marcas han asociado sus productos con ideas de libertad, éxito y bienestar desde los años sesenta. Sin embargo, la compañía que financia casi un tercio del proyecto solo aparecía en los agradecimientos. Según documentos facilitados por el museo, el acuerdo permitía a la empresa revisar las menciones a su propia historia antes de la impresión del catálogo. La dirección sostiene que esa cláusula pretendía evitar errores de fechas y atribuciones, no conceder capacidad de veto. Reconoce, no obstante, que dos páginas fueron retiradas tras una reunión con representantes del patrocinador. El director del centro, Diego Rivas, explicó que aquellas páginas repetían argumentos presentes en otras secciones y que su eliminación respondió a criterios editoriales. Admitió que no se dejó constancia escrita de esa decisión. «La autonomía no basta con ejercerla; también hay que poder demostrarla», afirmó durante una comparecencia en la que descartó dimitir. Para Molina, el problema no consiste en que una empresa apoye una actividad cultural, sino en que resulte imposible distinguir entre colaboración económica e influencia sobre el contenido. La historiadora tampoco reclama retirar los logotipos del patrocinador. Considera que ocultar la financiación produciría una apariencia de neutralidad todavía menos defendible y dificultaría que el público valorara los posibles conflictos de intereses. La asociación local de críticos culturales ha pedido que las páginas eliminadas se incorporen a la versión digital del catálogo, acompañadas de una explicación. Su portavoz, Pablo Vidal, advirtió de que convertir la polémica en una discusión sobre supuestas censuras podría simplificarla en exceso. A su juicio, la dependencia económica puede limitar una exposición incluso sin una orden explícita: basta con anticipar qué asuntos incomodarán a quien paga. La empresa aseguró ayer que nunca exigió suprimir contenidos y aceptó que se hiciera público el contrato. El ayuntamiento, propietario del museo, encargará una evaluación externa cuyos resultados deberán presentarse dentro de seis semanas. Hasta entonces, no se firmarán nuevos patrocinios. El debate público se celebrará el próximo jueves y abordará, además de este caso, qué garantías deben exigirse cuando el dinero privado sostiene una programación pública. La entrada será gratuita, aunque requerirá inscripción previa por las limitaciones de aforo.

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1. ¿Cuál es la idea principal de la noticia?

2. ¿Qué permitía el acuerdo a la empresa patrocinadora?

3. ¿Qué medida se aplicará mientras se realiza la evaluación externa?

4. ¿Por qué Molina rechaza ocultar la identidad del patrocinador?

5. ¿Qué significa «capacidad de veto» en el texto?

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