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Un encuentro filosófico cuestiona que perdonar sea una obligación

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Un encuentro de filosofía moral celebrado esta semana en Valladolid se clausuró ayer con una declaración que impugna la consideración del perdón como deber exigible a quienes han padecido un agravio. Suscrita por cuarenta y dos de los sesenta participantes, deslinda tres decisiones cuya frecuente amalgama dista de ser inocua: deponer la venganza, aceptar una reparación y restablecer el vínculo. Hacerlas equivalentes supondría, según sus promotores, endosar al damnificado una carga que incumbe a quien ocasionó el perjuicio. Durante tres jornadas, investigadores, profesionales de la mediación y representantes de asociaciones de víctimas aquilataron los presupuestos de una pregunta engañosamente diáfana: ¿cabe censurar moralmente a quien no perdona? Ni se trataba de dirimir litigios ni de prescribir itinerarios terapéuticos. La coordinadora, Elena Vidal, situó el debate en otra tesitura: someter a escrutinio el lugar común según el cual ninguna herida habría quedado atrás mientras no desembocara en reconciliación, como si esta constituyera el finiquito preceptivo del sufrimiento. Aunque desprenderse del resentimiento pueda reportar alivio, arguye la declaración, de semejante beneficio no se sigue que deba imponerse una ortopedia emocional uniforme. Menos aún cabe erigir la persistencia del dolor en indicio de insolvencia moral. «Una víctima no contrae una deuda de magnanimidad por haber sido dañada; exigirle que la salde equivale a inventar primero la obligación y reprocharle después su incumplimiento», sostuvo Vidal. El documento recela así de una retórica que, so capa de procurar bienestar, acaba fiscalizando la aflicción ajena. La relación entre perdón y arrepentimiento deparó una de las controversias más enconadas. El borrador supeditaba cualquier perdón moralmente justificado al reconocimiento explícito de la falta; de haberse mantenido esa condición, quien quisiera perdonar a un responsable fallecido, o pertinaz en su negativa, habría quedado a merced de un requisito imposible de satisfacer. Varios asistentes objetaron precisamente ese contrasentido. Suprimida la cláusula, la redacción definitiva admite el carácter unilateral del perdón, sin que ello relegue la disculpa del agresor a una formalidad prescindible. Diego Ferrer votó contra el documento por entender que sus cautelas podían desdibujar el valor de la generosidad. Lejos de postular una obligación universal, reivindicó la legitimidad de cuestionar ciertas negativas cuando su propósito fuera perpetuar deliberadamente el padecimiento ajeno. «Por atendible que sea la protección de la víctima, no convierte en irreprochable cuanto esta haga: sustraer toda negativa al examen moral sería confundir amparo con patente de corso», argumentó el filósofo. Los redactores replicaron que negar una obligación no equivale a blindar todas las conductas frente a la crítica. Conceden que las amenazas, la humillación y las represalias merezcan censura, aun cuando traigan causa de un agravio indiscutible; rechazan, en cambio, que de esa censura se infiera el deber de recobrar la confianza, aceptar disculpas o reanudar el trato. Una cosa es abstenerse de infligir un daño injusto y otra, bien distinta, restituir una intimidad quebrantada: la justicia no lleva aparejada semejante restitución. La mediadora Clara Molina trasladó el deslinde al ámbito institucional: los encuentros entre víctimas y responsables no deberían presentarse como culminaciones intrínsecamente superiores a otras reparaciones. Por voluntaria que se proclame una invitación, advirtió, su libertad resulta espuria si declinarla acarrea el sambenito de la inmadurez. Varios participantes previnieron, no obstante, contra la inferencia inversa: que ese escrúpulo sirviera de coartada para detraer recursos a quienes sí desean encontrarse con su agresor. Sin efectos vinculantes y con constancia expresa de las objeciones minoritarias, la declaración tendrá continuidad en septiembre, cuando se publiquen las ponencias y una versión comentada, sometida durante dos meses a observaciones de especialistas y asociaciones. El comité elaborará después una guía de preguntas para mediadores, no un prontuario de respuestas. Para Vidal, el mejor saldo sería que nadie esgrimiera la autoridad filosófica para imponer una reconciliación indeseada.

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1. ¿Cuál es la idea principal de la noticia?

2. ¿Por qué se eliminó la cláusula sobre el reconocimiento explícito de la falta?

3. ¿Qué está previsto tras la publicación de las ponencias y la versión comentada?

4. ¿Por qué considera Clara Molina que algunas invitaciones a la reconciliación pueden limitar la libertad?

5. ¿Qué significa «blindar» en la expresión «blindar todas las conductas frente a la crítica»?

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